UN APARTHEID ECÓLOGICO EN KENIA

 

Las comunidades indígenas del este de África conviven con la naturaleza en una relación de reciprocidad. Sin embargo, un informe internacional alerta sobre las expulsiones y violaciones de los derechos humanos que sufren los pastores kenianos en las llamadas áreas de conservación

Esta foto trata de un hombre masai mirando un globo aerostático sobre la sabana.

Son algunos de los excursionistas que integran el contingente de alrededor de dos millones de personas que llegan a Kenia cada año, a alimentar la industria turística del país, quizá con bienintencionada conciencia ambiental, sin saber que los anunciados propósitos de conservación de la naturaleza por parte de sus anfitriones esconden una colisión directa con las prácticas cotidianas y la digna supervivencia de las comunidades locales.

Para trazar (y vallar) esas áreas de conservación y explotarlas como haciendas de turismo de élite, las agencias gubernamentales y los gestores de las tierras han desalojado a buena parte de los pobladores autóctonos, e incluso atacado a pastores y líderes nativos, según un reciente informe del Oakland Institute llamado (Juego furtivo: cómo las áreas de conservación ‘comunitarias’ devastan tierra y vidas en el norte de Kenia), que habla de una injusticia de tal calibre que la llega a mencionar como un apartheid ecológico.

“Cada árbol, cada planta tiene un gran significado y un valor –incluso medicinal– para nuestra comunidad; el ganado está ligado a la pastura en cada estación. Nuestra identidad está en la tierra y por eso nos resulta importante transmitir el conocimiento indígena a las generaciones jóvenes, ya que lo que no está escrito sobrevive en cada uno de los miembros de la comunidad” en palabras de Major Jillo.

Habla Jillo de un trabajo diario, especializado, como la experiencia pastoril de las abuelas que conducen a las cabras como si fueran sus hijas, para evitar que destrocen árboles valiosos, por ejemplo. Este pastor es testigo de cómo se está "matando el conocimiento tradicional". El conservacionista Mordecai asegura que el modelo de hoy "está colapsando".

Este modelo de conservación, que aparenta adaptarse a los objetivos de organismos como Naciones Unidas, cuyo Convenio sobre la Diversidad Biológica promueve la declaración de áreas protegidas (al menos un 30% del planeta para 2030 es el objetivo), disimula, sin embargo, unos instrumentos de expolio que hacen incompatible la vida de comunidades ancestrales en su propio territorio.

SAFARIS CON COMITIVA MILITARIZADA

Entre los principales reclamos de estas áreas protegidas, destaca la lucha contra la caza ilegal, por lo que en ellas se autoriza la presencia de comandos privados anticazadores furtivos, con formación y armamento militar, que rastrillan las tierras en colaboración con agencias estatales como Kenya Wildlife Services (KWS). Estos singulares guardaparques se ofrecen como garantía de protección del paisaje y, en especial, de los paradores de lujo de quienes asisten a los safaris.

La simple existencia de un área de conservación delimitada permite que allí se vuelquen ingentes sumas de dinero provenientes de donantes en concepto de ayuda a la salvaguarda de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático, a través de los mecanismos establecidos para el mercado internacional de los créditos de carbono, según revela el informe.

Se trata, pues, de grandes superficies de territorio convertidas en fortalezas gobernadas, controladas y rentabilizadas por unas pocas empresas, como la Northern Ranger Trust (NRT), una de las más poderosas, ya que cuenta con 39 zonas de conservación (conservancies), que cubren unos 42.000 km², lo que representa un 8% del territorio total del país. En el  2000, está la finca familiar de 250 km² de un miembro de la minoría blanca de Kenia, que se instaló en el país en tiempos de la colonia británica y que mantiene fuertes vínculos y apoyo de la aristocracia inglesa, según puede comprobarse a través de los viajes oficiales de la realeza y su corte que reseña la prensa internacional.

El informe del OI recoge la genealogía del modelo, cuyo mayor abuso radica en erigir esas fortalezas que obligan a la desposesión de las tierras que desde tiempos inmemoriales han pertenecido a unas comunidades a las que ahora se les niega (o se burocratiza al infinito) la posibilidad de registrarlas y de tener títulos de propiedad.

Noticia recogida por : EL PAIS